Existe un amplio consenso en considerar como legítima
la intervención del Estado en la formulación de
políticas de población explícitas dentro
de una estrategia de desarrollo global.
El objetivo de las políticas de población es incidir
en la dinámica demográfica, es decir, en el tamaño,
estructura y distribución de la población con el
fin de maximizar las condiciones de vida de la misma.
La Argentina no siempre formuló una política global
de población explícita, aunque el tema poblacional
ha estado presente desde su conformación como Nación
y ha sido reflejado en su Constitución a través
de los enunciados favorables a la apertura y fomento de la inmigración.
Fue en 1991 cuando se jerarquizó su tratamiento como política
pública, con la creación de la Secretaría
de Población y Relaciones con la Comunidad.
En la actualidad, y en el marco de austeridad que el Gobierno
Nacional se ha impuesto y que la sociedad demanda, estas responsabilidades
están a cargo de la Dirección Nacional de Población.
Tales responsabilidades reconocen dos puntos de apoyo básicos
para su formulación estratégica: un conocimiento
riguroso de la problemática poblacional y un consenso amplio
de los actores sociales con ella relacionados. El conocimiento
riguroso de la problemática poblacional parte de reconocer
la existencia de una tríada de conceptos interrelacionados
e interdependientes: el crecimiento económico, el desarrollo
sustentable y la dinámica de la población.
Así se han reconocido los factores económicos,
sociales, culturales y ambientales que, directa o indirectamente,
inciden en el comportamiento reproductivo, los niveles de mortalidad,
los movimientos migratorios y las modalidades de concentración
espacial.
Por otra parte, se ha identificado la incidencia que la dinámica
poblacional tiene sobre las posibilidades de crecimiento y desarrollo.
Aspectos tales como la estructura por edades y sexo, el tamaño
de la población y su emplazamiento espacial tienen efectos
directos sobre la composición presente y futura de la fuerza
de trabajo, los niveles de producción y productividad,
la distribución del ingreso y el consumo, el crecimiento
económico y la inversión, la explotación
de recursos no renovables y la calidad del medio ambiente.